Con 600,000 vidas menos para servir debido a la merma poblacional de los pasados 10 años, Puerto Rico tiene al presente, más fondos para la salud, pero sus hospitales están en crisis, y atienden a pacientes en peor estado por falta de acceso oportuno a cuidado médico.

Este fue el diagnóstico basado en datos que ofreció el contador público autorizado Julio Galíndez, experto en las finanzas del sector hospitalario.

“Es casi imposible no pensar que pudiera darse (una) disminución en el número de instalaciones, consolidaciones, adquisiciones y procesos de reorganización de quiebra en hospitales. Los factores que inciden en la operación, todos, están cambiando”, aseveró.

Galíndez conversó con Negocios tras su presentación en la Cumbre de Salud de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), celebrada el viernes pasado con casa llena.

Como un indicador elocuente del estatus del sector hospitalario, presentó que Puerto Rico hoy tiene disponibles “de 7,900 a 8,000” camas de hospital, cuando cuenta con licencias para 12,000.

A esto sumó que la gran mayoría de los hospitales han estado en modo de supervivencia ante las mermas en ocupación y gastos adicionales que encararon tras los huracanes de 2017 y durante los años de pandemia.

“La realidad es que sin las ayudas federales estaríamos hablando de otra historia, porque no habría habido hospitales que sobrevivieran la carga económica sin la entrada de pacientes”, planteó. Esta proyección la basó en que, según los datos que maneja, múltiples hospitales habrían visto una merma de 25% en su margen operacional, si no hubiesen recibido subvenciones federales.

Sin embargo, Galíndez proyectó que a corto y mediano plazo, “hay hospitales que nunca van a alcanzar un nivel de utilización de servicios (personas en cama) óptimo que cubra el gasto operacional”. Esto lo atribuyó principalmente a la disminución poblacional porque “la tasa de mortalidad excede casi 7% la tasa de natalidad de 5%”.

Encima de esta realidad, dijo que en los hospitales, “el método de pago es por los días que estuvo el paciente y (las aseguradoras) les deniegan el pago de días después de dar el servicio”.

“Estamos hablando de millones de dólares”, subrayó Galíndez, quien cuenta con casi 30 años de experiencia en auditorías y estudios actuariales para hospitales.

Por ello, estimó que sin importar cuántos fondos federales lleguen a Puerto Rico para la población médico-indigente o cuánto paguen las personas por su cobertura privada, en el modelo actual “la atención médica está siendo bien monitoreada por un fin económico”.

Explicó que ese control lo ejecutan mayormente las aseguradoras, pues solo seis “dominan 97% del mercado”. Estas son Triple S, Humana, MCS, MMM, First Medical y el Plan de Salud Menonita.

Junto con este componente, denunció que grupos de salud primaria llegan a “dictar cómo se da el servicio, cómo se paga, cuándo se paga y qué se paga. Los hay por toda la isla, más grandes, más pequeños, pero ese sector controla la salud del país en común acuerdo y armonía con las compañías de seguros”.

Esta ecuación, advirtió, también afecta al resto de los proveedores, como laboratorios, farmacias, médicos especialistas y terapeutas.

¿QUÉ HACER?

A preguntas de Negocios sobre qué recomendaría hacer ante este escenario, Galíndez respondió: “Soy fiel creyente de tener una ‘rate setting agency’, un ente independiente que, a la luz de los costos y los recursos, establece cuáles son las tarifas. Medicare es eso, precisamente. Tiene un sistema de pago establecido por sí mismo”.

“No veo razón para que el gobierno no adopte una metodología para que la aprobación y credencialización de los profesionales de salud los haga un ente independiente”, agregó. Dijo que, aunque se replica la queja de la falta de especialistas, hay médicos nuevos que encaran escollos para que los planes médicos firmen contratos con ellos. “El asunto de quién puede practicar medicina en Puerto Rico tienen que quitárselo a los planes médicos”, afirmó.