Con posiciones encontradas que anticipan un camino empinado para lograr un acuerdo, el Tribunal federal de Quiebras, en Viejo San Juan acogerá esta tarde el proceso de mediación entre el grupo hospitalario HIMA San Pablo y las partes que objetaron el financiamiento de emergencia con el que pretenden mantener sus instalaciones funcionando: el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y el Síndico de Estados Unidos en Puerto Rico.

También, comparecerá Island Healthcare LLC, la entidad que proveería el financiamiento de $6 millones y que es parte de la firma de inversiones Silver Point Capital, uno de los acreedores asegurados del caso, luego de comprar toda la deuda de primer gravamen del conglomerado.

Las partes participarán del proceso de mediación, dirigido por la jueza María de los Ángeles González, tra s ratificar sus posturas respecto al préstamo denegado la semana pasada por el juez Enrique Lamoutte, quien está a cargo del proceso de bancarrota.

Sin embargo, González, de acuerdo con una orden emitida el pasado martes, recomendó que “todas las partes mantengan una mente abierta para revaluar sus posiciones anteriores y descubrir medios creativos para resolver la disputa”.

Luego de la denegación del préstamo, los representantes legales de HIMA sometieron una moción de reconsideración, que fue objetada por el CRIM, Aafaf y el Síndico de Estados Unidos mediante mociones sometidas por separado ante el tribunal.

Cada una de las partes reafirmaron sus argumentos contra el financiamiento y que, en el caso del CRIM y Aafaf, están relacionadas a las protecciones que recibiría Island Healthcare respecto al resto de acreedores.

Por ejemplo, Aafaf no está de acuerdo con que, por cada dólar que preste Island Healthcare, la entidad reciba una cobertura de $5.

“AAFAF reitera, como lo expresó en la objeción limitada, que apoya los esfuerzos de los deudores por obtener liquidez para financiar sus operaciones a través de un financiamiento de deudor en posesión, siempre que, sin embargo, cualquier aprobación provisional de dicha instalación excluya los términos y condiciones del DIP (financiamiento) objetados”, reza la moción sometida por la agencia fiscal del gobierno.

ASEGURAN QUE “LA BOLA ESTÁ EN LA CANCHA DEL GOBIERNO”

Una fuente de este medio con conocimiento directo del proceso de reestructuración financiera de HIMA aseguró que el conglomerado está sorprendido con la posición del gobierno y confió que el CRIM y Aafaf sean razonables durante el proceso de mediación, pues, aseveró, el financiamiento es una pieza fundamental para que el grupo de hospitales continúe operando.

Por la parte de HIMA y IslandHealthacre, agregó, hay apertura al diálogo, pero sostuvo que “la bola está en la cancha del gobierno.

“El gobierno tiene que decir que es lo que está dispuesto aceptar y IslandHealthcare y las partes tienen que responder”, apuntó una fuente que prefirió no ser identificada.

A inicios de esta semana, los abogados de HIMA advirtieron al tribunal que la empresa atravesaba por una crisis de liquidez “aguda”, que podría significar el cese de operaciones y, por consiguiente, el despido de sus 3,500 empleados.

Hasta la última vista del caso, el flujo de caja del conglomerado apenas ascendía a unos $2 millones, lo que no le permitiría atender ni el pago de la nómina, que suma $2.5 millones.

Lamoutte, no obstante, aprobó el uso de un colateral en efectivo que HIMA debe tener como parte de su deuda. La fuente, no obstante, consideró que ese dinero no es suficiente.

“El hospital está en el hueso, no tienen mucho margen. Por ende, de lo que se depende es que se den los cobros a los planes médicos y que se den estas fuentes de capital adicional (como el financiamiento) para cumplir con las responsabilidades”, dijo.

De acuerdo con la fuente, las conversaciones para un financiamiento de IslandHealthcare a favor de HIMA no iniciaron con el proceso de quiebra, sino que se remontan al año pasado, cuando buscaron cerrar un acuerdo de $25 millones, que permitiría dar un respiro a las finanzas del grupo y encarrilar un plan de mejoras.

Durante el proceso, sostuvo, HIMA y Silver Point tocaron la puerta de los acreedores asegurados, en este caso el gobierno, pero, denunció, no hubo respuesta.

“La idea del acreedor principal (Island Healthacare) era: vamos todo el mundo a sacrificar un poco de lo que nos deben para darle un respiro financiero a esa empresa y reducir esas responsabilidades, para que el estado financiero pueda representar una mejor situación para el hospital y que ese hospital pueda coger prestado”, agregó.

DEBEN $11.5 MILLONES AL CRIM

Esta semana, el alcalde de Bayamón y miembro de la Junta de Gobierno del CRIM, Ramón Luis Rivera Cruz, reconoció que la entidad compuesta por los municipios ponderó perdonar la deuda de HIMA, que asciende a unos $11.5 millones, pero con una sola condición: que se comprometiera a seguir operando como una institución de salud por cinco años.

“Los representantes de Silver Point lo que nos dijeron fue lo siguiente: que un plan de trabajo le podía tomar de cinco a seis meses, que era mucho tiempo, y que la petición de cinco años era muy onerosa y podía afectar su inversión. Ante esos planteamientos, levantamos bandera”, sostuvo el ejecutivo municipal.

Para la fuente, empero, la postura del gobierno fue “no contestar y que le dieran para adelante el Capítulo 11 (de la Ley federal de Quiebras), para luego sentarse a dialogar”.

No obstante, tanto Rivera Cruz como el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero Díaz, han reiterado que el gobierno no es responsable de la crisis financiera de HIMA.

Además del financiamiento de $6 millones, HIMA también persigue vender todos sus hospitales, luego de que el juez Lamoutte aprobó un procedimiento para su mercadeo.

La primera transacción avalada por el tribunal fue la del hospital de Fajardo, que ya cuenta con interesado, Fajardo Integrated Medical Center, LLC., entidad que pertenece a los dueños del hospital Caribbean Medical Center, también localizado en Fajardo. La compraventa ascendería a $7 millones.

Todas las transacciones, empero, pasarán por un proceso de subasta supervisado por el tribunal, por lo que otras entidades podrán presentar otras ofertas.