El recorte presupuestario que verá la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) a partir del próximo año significará un escollo para las auditorías que deben realizar a los planes médicos y otros aseguradores e, incluso, podría poner en riesgo la acreditación del regulador, reconoció su titular Alexander Adams.

En entrevista con El Nuevo Día, Adams indicó que dejó saber que solicitó al gobierno que no se recorte el presupuesto de OCS a partir del 1 de julio.

“La parte de las auditorías es un aspecto que tiene que ver con la acreditación y es un aspecto que tenemos que mantener. Por eso, en cierto modo, si no podemos cumplir con llevar a cabo esas auditorías según programadas, podría ponerse en riesgo la acreditación”, afirmó.

“Igualmente, el reclutamiento de más personal en el área de análisis financiero y exámenes. Eso es un aspecto que tenemos que siempre salvaguardar porque, de lo contrario, también podría poner en riesgo la acreditación”, comentó Adams.

El funcionario afirmó que la oficina que dirige continúa llevando a cabo su programa de auditorías, aunque admitió que tiene una decena de plazas vacantes que no ha podido llenar.

En 2020, la Oficina del Comisionado de Seguros perdió la acreditación que tenía con la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés). La agencia, encargada de regular la industria de seguros en Puerto Rico, recuperó se acreditación el año pasado.

Explicó que el plan de auditorías al sector “está ahí para asegurarnos que cada compañía tenga en sus líneas de negocio, salud vida o propiedad, la solvencia financiera necesaria para operar y cumplir sus obligaciones con los asegurados”.

Es decir, que las compañías de seguros tengan la capacidad de pagar cuando una persona reclama o precisa la cobertura por la que paga.

El presupuesto del próximo año fiscal para esta agencia es de $10 millones mientras que el vigente es de $10.3 millones, con una reducción de $226,000.

Según informó la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a El Nuevo Día, los fondos de la OCS provienen del Fondo para la Fiscalización y Reglamentación de la Industria de Seguros. La Ley 62 de 1992 permite a esta entidad cobrar a los distintos componentes de la industria de seguros una aportación anual única.

Una dinámica similar en materia de presupuesto se da en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y el regulador cooperativo, entre otros. Es decir, el presupuesto de las entidades proviene de los cargos que impone a los regulados o de multas, entre otros.

Pero según Adams, desde la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal, “esa ley ha quedado inoperante”.

“A pesar que esa ley nos permite generar nuestros propios ingresos y de esos ingresos costear nuestras operaciones, está inoperante. Cuando digo inoperante, me refiero a que, aún cuando generamos ingresos por encima de nuestros gastos y no dependemos del Fondo General, ese dinero, hoy día, pasa al Fondo General”, explicó. “La tendencia ha sido constante a una reducción en nuestro presupuesto y este año no es la excepción. Este año se nos reduce el presupuesto”.

Según dijo, al 30 de junio de 2022, OCS había generado ingresos por $12 millones, de donde salen además los pagos para el retiro de los empleados de la agencia bajo el sistema Paygo o la Ley 106 de 2017.

NO ES SUFICIENTE

Adams fue categórico al asegurar que el presupuesto para el próximo año fiscal no es suficiente para operar la entidad que dirige.

“No”, contestó cuando El Nuevo Día preguntó en qué posición quedaría la OCS si continúa viendo recortes presupuestarios.

“Nosotros estamos solicitando que se reconsidere esa determinación porque tenemos muchas más responsabilidades que estamos asumiendo a partir de la reforma de seguros que se aprobó en 2018 en donde hay un marco regulatorio que cambió sustancialmente a raíz de los huracanes Irma y María”, dijo Adams.

Agregó que cumplir con esta ley federal para asegurar que existe la póliza de seguros – o que se hicieron los esfuerzos por conseguirla – requiere personal adicional para evaluar todas las propiedades que reciban estos fondos en los municipios, el gobierno y entidades sin fines de lucro.

“Es un volumen sustancial de trabajo”, dijo Adams.

SIN ESTUDIOS ACTUARIALES

Adams reiteró que entre las responsabilidades de su oficina también figura el mandato de procurar que cada compañía aseguradora sea auditada cada cinco años. Esta práctica también está atada a la acreditación y requiere personal.

“En el caso de las auditorías de aseguradoras multiestatales, esos auditores tienen que tener certificaciones que aquí en Puerto Rico ninguna compañía cuenta con esa certificación y se hace con compañías extranjeras que son bien costosas”, expresó.

Aunque sí realizan estas auditorías, explicó que no han podido hacer los estudios actuariales desde el Obama Care en 2011.

“Desde entonces no se ha llevado a cabo un estudio actuarial del mercado de seguros de salud, en otras palabras, los planes médicos”, indicó. “Son múltiples las encomiendas que tenemos y, en lugar de reducir, nos deberían dejar en igual o mejor posición”.