LIMA- Perú se encontraba ayer en el dilema de obedecer una polémica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó liberar al encarcelado expresidente Alberto Fujimori o acatar un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no ejecutar ese fallo.

El martes, el Tribunal ordenó por segunda vez en una semana la “liberación inmediata” del expresidente Fujimori, de 85 años. La decisión avivó la controversia por un indulto que le fue concedido la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Pero la víspera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano que no ejecute la orden hasta que el organismo cuente con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumple con todas las condiciones.

El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución que indica que la solicitud es para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) y por las que cumple 25 años de prisión.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991 en Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos, donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron con fusiles a 15 vecinos, incluido un niño de ocho años.

La segunda matanza fue en 1992 cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes.

Según la sentencia, el grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.