Ha procedido muy bien el Tribunal Federal en Puerto Rico al ordenar los cambios urgentes y necesarios para profesionalizar a la Policía local, en atención al acuerdo contraído en el 2013 entre los gobiernos de Estados Unidos y la isla. Hoy, las áreas más neurálgicas de la reforma que debería fortalecer la seguridad pública y la democracia puertorriqueñas están gravemente retrasadas.

En esos diez años, diversos sectores han denunciado el bajo nivel de cumplimiento de la reforma, lo que subraya la trascendencia del mandato del juez federal Francisco Besosa de cerrarles el paso a más dilaciones. La Corte ha determinado, por ejemplo, que el Negociado de la Policía contraviene 56 de los párrafos más importantes del acuerdo.

Receptivo a la exigencia judicial de que asuma con propósito la transformación policiaca, el gobierno local ha diligenciado medidas correctivas que incluyen seis nuevos planes de implementación. Ha dado a conocer los aspectos en cumplimiento y se ha comprometido a poner en vigor la mayoría de las medidas antes del 2025.

Es crucial que el diálogo del gobierno local con las demás partes concernidas se traduzca en avances sustantivos en la reformulación conductual, cultural, técnica y tecnológica de la Policía. Transcurridos 10 años del inicio de la reforma, las inconveniencias de los desafíos climáticos y salubristas no son excusas para tanta tardanza.

Coincidimos en que un paso prioritario es identificar, sacar a la luz y neutralizar los procesos y las actitudes que funcionan como “barreras de cumplimiento” del acuerdo contraído cuando el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia estadounidense transaron una demanda federal contra la Uniformada por violación de derechos civiles. Los obstáculos deberán ser sustituidos por mecanismos que capaciten a los miembros de la Policía para ejercer su labor con profesionalismo y respeto de los derechos de las personas víctimas o sospechosas de delito.

Los ajustes en los que las partes del acuerdo convengan deben ser claramente ejecutables y estar sujetos a la rendición de cuentas. De ahí la importancia de precisar a cada líder a cargo de la implantación de los cambios en los distintos componentes policiacos y a los del monitoreo estatal y federal del progreso o la involución del desempeño. Es atinado que este aspecto ya esté contemplado en los ajustes que se presentarán ante el Tribunal Federal. Está en manos de las partes concernidas trabajar con propósito de cumplimiento del pacto para evitar desenlaces más severos, como lo sería una sindicatura de la Policía.

Después de todo, gastar $20 millones al año en una reforma que no avanza es una disfuncionalidad administrativa. Es claro que la sociedad puertorriqueña no es quien se beneficia de esa erogación de fondos.

La formación óptima de la agencia policiaca es un objetivo central para la paz social y la administración de la justicia. Una Policía libre de prejuicios, conocedora de los protocolos de intervención y respetuosa de los derechos civiles es instrumental para la canalización apropiada de las querellas de violencia doméstica, agresiones sexuales, crímenes de odio y maltrato de menores, así como de las detenciones y los allanamientos, entre otras gestiones vinculadas a la administración de la justicia.

Un proceder policiaco de excelencia es antídoto contra la impunidad delictiva y escudo contra la fabricación de casos, el abuso del uso de la fuerza y otras corrupciones. Será pilar de la confianza ciudadana en el sistema de justicia, sobre todo de los sectores sin recursos y aquellos más expuestos a ser perseguidos por sus circunstancias y cualidades particulares.

La ruta para la transformación policiaca tiene que ser trazada y cumplida ya, para beneficio de todo Puerto Rico.