Independientemente de si el gobernador Pedro Pierluisi recibió o no nombres de personas interesadas en asumir como comisionados de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), el mandatario debió llenar las vacantes que se fueron acumulando en el organismo fiscalizador, que hoy cuenta con solo uno de sus cinco miembros, opinaron dos decanos de escuelas de Derecho del país.

En entrevistas separadas, los abogados dijeron que Puerto Rico no debió quedarse con una CDC inoperante cuando muchos de sus problemas actuales son por la violación de derechos.

“Es inaceptable que en Puerto Rico la CDC esté, de facto, inexistente, porque en Puerto Rico, hay muchos problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, las muertes en las cárceles, el tema de discrimen por razón de origen racial, la pobreza, ser mujer o el discrimen por orientación sexual no tradicional, particularmente los trans, que son muy perseguidos. Son sectores muy marginados por los que la CDC aboga y que resultan más perjudicados por la inoperabilidad de este ente”, sostuvo Julio Fontanet, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Realmente, hay una gran necesidad de que haya un ente que esté monitoreando cómo el gobierno de Puerto Rico enfrenta y atiende todos estos problemas. Uno no quisiera pensar que no los nombran (los comisionados) para que no haya un ente fiscalizador. Eso sería terrible”, agregó.

Mientras, su homólogo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno, recordó por qué se creó la CDC en 1965 y que, aunque las situaciones han variado, su pertinencia persiste.

“Era una época en la que se perseguía a ciertos sectores, principalmente por sus ideologías políticas, y el país se ve en la necesidad de establecer un ente donde alguien vele al gobierno y que no haya excesos, como los que vimos en el Cerro Maravilla. Hemos visto en otras instancias donde se persigue a independentistas o a socialistas”, destacó Moreno.

El director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, denunció a El Nuevo Día que hace cinco meses, la CDC solo cuenta con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad, lo que mantiene casi detenidas las funciones de este cuerpo investigativo y fiscalizador.