El documento también promete un ambicioso programa de mejoras capitales a lo largo y ancho de Puerto Rico, pero que descansa en fondos federales y en una reorganización administrativa

El plan fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha certificado para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) podría describirse como una nueva receta en la administración de la infraestructura vial y de transporte público en Puerto Rico.

Pero dicha receta descansa, principalmente, en aumentos anuales al sistema de peajes por los siguientes 30 años, así como múltiples recortes presupuestarios. Entre estos, ajustar el pago del seguro médico que reciben los empleados de la ACT, intensificar el cobro de multas y hasta renegociar los contratos del Tren Urbano.

El plan también promete un programa de mejoras capitales a lo largo y ancho de Puerto Rico, pero que descansa en fondos federales y en una reorganización administrativa de los activos que gestiona la ACT que serviría para prestar mejores servicios a la ciudadanía.

En síntesis, el plan apuesta a separar en dos entidades (lo que, de entrada, requeriría legislación) los sistemas de transporte público y el de carreteras y autopistas. El objetivo ulterior de la JSF y del gobierno es separar las fuentes de recaudo y los gastos que representan estos sistemas y transferir a operadores privados toda la red de peajes de Puerto Rico.

Se trata de un plan que combina las propuestas del gobierno para monetizar su sistema de peajes y una serie de recomendaciones que la JSF formalizó hace poco más de un año en virtud de la sección 205 de la ley Promesa.

El aumento tarifario también servirá para completar la reestructuración de la deuda de la ACT a través del Título III de Promesa.

Tal como anticipó El Nuevo Día, la nueva versión del plan fiscal de la ACT fue certificada por los directivos de la JSF el pasado martes.

Ayer, al comunicar la decisión del organismo, el presidente de la JSF, David Skeel , manifestó que Puerto Rico no puede encaminarse en una ruta de desarrollo sustentable si no existe un buen circuito de carreteras que permita a sus ciudadanos trasladarse de un lugar a otro.

“El sistema de transporte necesita atraversar por una reforma significativa para reducir la(s) congestiones de tránsito, apoyar la seguridad en las carreteras y promover el desarrollo económico”, dijo Skeel.

DESDE RÍO GRANDE A PONCE Y MÁS

Esa aspiración de un mejor sistema vial, sin embargo, descansa -casi en su totalidad- en el bolsillo de los conductores y los usuarios de sistemas como el Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El plan fiscal 2022 establece un aumento anual de 8.3% en los peajes por los siguientes tres años fiscales. A partir del cuarto año, es decir, del año fiscal 2025, reza el documento, la JSF aprobó que los peajes aumenten cada año para reflejar la tasa de inflación más 1.5% adicional. Este aumento anual sujeto a inflación sería similar al que ahora aplica Metropistas de Puerto Rico en las plazas de peaje que se encuentran en las autopistas PR-5 y PR-22.

El aumento en los peajes surge justo cuando Puerto Rico atestigua los niveles de inflación más altos que se hayan experimentado en la isla en, por lo menos, 13 años, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Departamento del Trabajo y Recusos Humanos. En diciembre, en el agregado, los consumidores pagaban 4.2% más por los bienes o servicios que adquirieron vis a vis lo que pagaron en diciembre de 2020.

“El plan fiscal de la ACT crea una zapata financiera sólida para asegurar la reparación, mantenimiento e inversión futura para asegurar la movilidad de los residentes y permitir que los negocios puedan transportar bienes de manera eficiente. En consecuencia, aumentos regulares en la tarifa son necesarios para asegurar un mantenimiento continuo y adecuado”, indicó la JSF, al justificar el alza que entraría en vigor este mismo año.

Según el plan fiscal certificado de la ACT, en la actualidad, utilizar la PR-20, en Guay

nabo, o la PR-52, en dirección a Ponce, cuesta, en promedio, 75 centavos. Con el aumento aprobado, esa ruta costaría 98 centavos para el 2025 y $1.14 en 2030. Hacia el 2051, el costo de transitar por esa vía rondaría $2.24.

Conducir por la Ruta 66 cuesta $1 en la actualidad. Según el plan fiscal certificado, en 2025, los conductores pagarían tres centavos más y, para el 2030, el costo de ese peaje aumentaría a $1.20. Hacia el 2051, utilizar la Ruta 66 costará $2.35.

En la PR-53, el costo del peaje ronda $1 y aumentaría a $1.30 en 2025. Cinco años más tarde, costará $1.20 y $2.35 sería el costo estimado del peaje en 2051.

Además de los aumentos en peajes, el plan certificado contempla instalar plazas adicionales en ambas direcciones en las principales rutas de Puerto Rico, aumentar el costo de las multas en 15% e instalar carriles expresos adicionales en ciertos puntos de la red.

Antes que los conductores puertorriqueños puedan experimentar el impacto de pagar peajes más caros, transitarán en una red de carreteras que se clasifica entre las peores de Estados Unidos. A manera de ejemplo, apenas el 13% de las carreteras interestales en la isla se consideran bien pavimentadas versus 84% a nivel continental.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el secretario de Estado, Omar J. Ma

rrero , aseguró que el gobierno se oponía a los aumentos aprobados por la JSF, pero no informó de ninguna medida concreta para detener el alza. Ayer, la ACT afirmó que rechaza el aumento, y que se encuentra “evaluando otras alternativas”.